Es más, la Comisión Europea ya ha advertido que si el país sigue blindando su potestad para fijar el importe del recibo de la luz, pronto acabará en los tribunales. Actualmente la división del recibo de la luz de todos los españoles es la siguiente:El 45% de la factura corresponde a los peajes de acceso que determina el Ministerio de Industria. Estos costes son utilizados por el Ministerio para abonar otros servicios. Como son el transporte, las ayudas al carbón, etcé 33% corresponde al precio que se fija por la electricidad. Este precio se establece a partir de la cotización del mercado eléctrico 22% corresponde a los impuestosque todos debemos de pagar para poder disponer de este a estos abusos que se comenten en el recibo de la luz en España, ya en 2013 la Comisión Europea abrió un expediente de oficio debido a que en nuestro país se aplicaban incorrectamente las directivas europeas del mercado interior de la energía. Según dichas directivas que debe ser el supervisor el que se encargue de fijar la cuantía de los peajes eléctricos.

En el caso de España el papel de supervisor corresponde a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Pero la CMNC solo se encarga de asignar formalmente estos peajes mientras que es el Gobierno el que los fija antes. Durante 2016 este expediente abierto por la Comisión Europea supuso la apertura de un procedimiento de infracción de manera definitiva al Gobierno. Las alegaciones que el Gobierno de nuestro país ha presentado para explicar su posición no han sido en absoluto del agrado de Bruselas. La Comisión Europea alega que el Gobierno español le ha usurpado competencias de regulación a la CMNC en cuanto a la tarifa de la la aplicación de la normativa comunitaria debería de haberse tratado el pasado mes de julio de 2016 en la reunión del Colegio de Comisarios se sacó de la agenda por encontrarse el Gobierno en funciones. Pero el caso ha vuelto a reactivarse tras la formación de un nuevo ecisamente este tipo de normativas fijadas por la Unión Europea se establecen para evitar que los gobiernos hagan política manipulando el precio de la luz. Algo que no se cumple en España donde la mayor parte del recibo sirve precisamente para cubrir los costes reconocidos del sistema. Unos costes que se han disparado con el paso de los años debido a las malas decisiones del Gobierno que hemos de acarrear todos en el recibo de la luz. En el caso de España la situación es todavía más lamentable pues el regulador, es decir la CMNC, queda por completo excluida del proceso de decisión en cuanto a la cuantía a abonar.

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Una situación que no se da en ningún otro país miembro de la Unión Europea. Esta fórmula, que permite que sea el Ministerio de Industria el que tome las decisiones en cuanto a los precios, le ha servido al Gobierno para utilizar el superávit del sistema eléctrico como capital para aplicar rebajas en los peajes durante los periodos electorales.